Esclavitud en la industria textil argentina

El total de talleres que fabrica ropa en condiciones ilegales no baja de los 1700 en la Ciudad de Buenos Aires y de los 3500 en el conurbano bonaerense. Son lugares donde se padecen situaciones de servidumbre y hacinamiento. Cifras de un negocio glamoroso, millonario y de explotación.

Aunque la industria textil nacional registra un crecimiento que la dejó al borde de la euforia, la cantidad de talleres clandestinos en el Área Metropolitana no ha disminuido, especialmente desde marzo de 2006, cuando un incendio consumió uno en el 1200 de la calle Luis Viale, en el barrio de Flores, dejando a seis personas muertas. La tragedia desnudó la precariedad de unos 50 mil trabajadores argentinos, y extranjeros, bolivianos sobre todo, que sobreviven reducidos a servidumbre.

Cuatro años después del siniestro que puso al sector en el ojo de la tormenta, el total de talleres que fabrica ropa en condiciones ilegales no baja de los 1700 en la Ciudad de Buenos Aires y de los 3500 en el conurbano bonaerense. La estimación pertenece al Centro de Demostrativo de Indumentaria (CDI), la fábrica  y laboratorio textil que funciona en el barrio de Barracas desde hace un año. Comenzó a trabajar en julio de 2009 y desde entonces emplea a costureros rescatados de talleres clandestinos. Su objetivo: intervenir en el mercado y estudiar la cadena de valor de una actividad que, este año, reunirá inversiones por 300 millones de dólares y que exportará otros 650.

La evolución de semejante negocio es observada y analizada en detalle desde un viejo galpón ubicado en la calle Melgar al 38, en el sur de Barracas. En su interior hay 120 puestos de trabajo que utilizan máquinas de costura incautadas por la justicia federal.

Todas provienen de talleres clandestinos denunciados por la cooperativa La Alameda, una ONG dedicada al combate del trabajo esclavo que acusó en los tribunales a más de 80 grandes marcas por vender prendas, de alta calidad, realizadas en talleres ilegales, y a precios incongruentes.

Luego de tres años de allanamientos e investigaciones, el juez federal Sergio Torres cedió las máquinas al CDI.  Hace dos años esa sigla sólo era el nombre de un proyecto diseñado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y La Alameda. En la actualidad es un hormiguero, habitado por un centenar de costureros que trabajan reunidos en cinco cooperativas. Atienden pedidos de grandes marcas, confeccionan uniformes para los cartoneros porteños y dentro de poco lo harán para los de todo el país.
Los costureros cooperativistas reciben un salario que ronda los 1600 pesos mensuales por 8 horas diarias, casi el doble de lo que cobraban cuando eran reducidos a servidumbre junto a su familia.

“Los fabricantes están eufóricos y dicen que son el sector que genera más empleo, pero pagan el salario más bajo de todas las ramas industriales y  tienen al 75% de sus trabajadores en negro”, denuncia Néstor Escudero, miembro de La Alameda y auxiliar técnico de la planta ubicada en el galpón que compró el Ministerio de Desarrollo Económico y la Corporación Buenos Aires Sur del gobierno porteño.

Al techo y la refacción aportada por la gestión PRO, se sumaron máquinas nuevas y aportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La experiencia, única en su género, fue considerada un ejemplo “innovador” por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y es destacado como una “alternativa de empleo a trabajadores rescatados de situaciones de trabajo forzoso”, según el informe 2009 de la Oficina de Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Tráfico Humano de la Casa Blanca.

Para los militantes de La Alameda esos apoyos fueron cruciales para poder enfrentar a las mafias de los talleres clandestinos que, según las denuncias que realizaron ante la justicia, cuentan con protección policial para poder explotar a familias enteras, seis días a la semana y a razón de 14 o 16 horas diarias.

“La industria paga tan poco en el mercado negro, que el costo de mano de obra para cada prenda no supera el 3% del precio de venta en las grandes tiendas”, afirma Escudero con los números elaborados por el INTI.

Esos datos le permiten desenredar la compleja e intrincada trama de explotaciones que compone el costado menos conocido de la pujante industria textil.

“Pudimos crear un modelo alternativo frente al modelo natural de los talleres clandestinos que proveen a la gran industria textil”, grafica Hernán Zunini, coordinador de Unidades Productivas Tipo del INTI y responsable del CDI. Para él, la nueva planta-laboratorio, “le demostró a las grandes marcas que no es tan difícil confeccionar ropa en forma legal”, dice Zunini, mientras muestra la cartera de clientes privados que tiene el centro fabril.

En el primer año de trabajo, los costureros ya trabajaron para Ona Saez, Port Said y Yagmour, además de confeccionar uniformes Mind, una marca creada por el INTI que disputa licitaciones en todo el país.

Debajo del viejo techo de la calle Melgar, sus trabajadores reclaman a los industriales textiles que “sinceren los números”, porque ya los padecieron en carne propia, como obreros altamente calificados de una actividad en expansión que, sólo en 2009, facturó más de 6000 millones de pesos, pero que todavía paga salarios que no superan los 2000 pesos mensuales.

Publicado en Tiempo Argentino por Claudio Mardones

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